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    “Vivienda digna para los chilenos”: La primera propuesta de norma constitucional elaborada en la Convención Constitucional

    Este miércoles un grupo de convencionales presentó la primera propuesta de norma constitucional, la cual busca “garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los chilenos”.

    Los constituyentes Roberto Vega, Manuel José Ossandón, Álvaro Jofré, Paulina Veloso, Helmuth Martínez, Adriana Cancino, Angélica Tepper, Luciano Silva, Geoconda Navarrete y Bernardo de la Maza justificaron su propuesta, en que “nuestro país tiene un déficit histórico de viviendas, la necesidad de vivienda de los chilenos se ha visto repetida año a año en cada discurso presidencial y en cada candidato al parlamento. No obstante, habiendo transcurrido más de 30 años desde el regreso a la democracia plena, jamás dicho derecho ha sido consagrado a nivel de texto constitucional“.

    En la norma presentada se sostiene que los “chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten, la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo esta facultad”.

    Con esto se busca asegurar que el Estado garantice este derecho y se termine con la especulación de suelos. “Es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho y evitar la especulación con los suelos”, agrega el documento.

    A su vez, el texto explica que las viviendas deberán “tener siempre como conceptos básicos criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos”.

    Y, por último, detuvieron en los castigos para las personas y empresas que hagan mal uso de los recursos estatales.

    “El mal uso de subsidios o fondos gubernamentales ya sea por parte de las constructoras, inmobiliarias o promotores inmobiliarios será castigado con penas de prohibición absoluta para la empresa y sus altos ejecutivos para postular o manejar cualquier tipo de fondos públicos, para los beneficiarios la sanción será la pérdida del derecho y en ambos casos las demás sanciones que se establezcan en la ley“, concluyeron.