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    Convención constitucional «Las trabas que aún no se resuelven y las dudas sobre su financiamiento»

    El gobierno no ha tenido éxito en lograr acuerdo con ambas cámaras del Congreso para habilitar el funcionamiento del órgano en su sede de Santiago. Asimismo, aún no hay claridad sobre la fórmula para su financiamiento.

    Varios son los temas que aún están por resolverse antes de que en abril se elija a los integrantes de la convención que redactará la nueva Constitución. Algunos de ellos dicen relación con las reglas bajo las que se conformará el organismo, por ejemplo, los requisitos que tendrán que cumplir los independientes que quieran postular o la fórmula para asegurar escaños reservados a los pueblos originarios, debate que esta semana nuevamente se terminó aplazando en el Congreso.

    Pero esos no son los únicos pendientes. Un tema que preocupa al gobierno, cuando ya quedan cinco meses para la elección, es el lugar en el que finalmente trabajarán los -hasta ahora- 155 convencionales que integrarán la instancia. Si bien el Presidente Sebastián Piñera evaluó varios lugares, entre ellos el Palacio Pereira, finalmente se inclinó por la sede del Congreso en Santiago.

    Sin embargo, pese a las conversaciones que ha sostenido el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, con las mesas de ambas cámaras, el Ejecutivo no ha logrado el consenso político que esperaban para iniciar el proceso de acondicionamiento antes de que los plazos se acoten aún más. De hecho, hace algunas semanas la mesa del Senado ya había manifestado públicamente en The Clinic su resistencia a facilitar el edificio institucional para esos efectos.

    En este contexto, el vicepresidente de la corporación, Rabindranath Quinteros (PS), explica que “lo que le dijimos en su oportunidad al ministro Monckeberg es que usaran el Palacio Huneeus, porque el Senado ocupa ese edificio (la sede del Congreso en Santiago) los lunes, viernes y sábados, entonces, habría problemas de funcionamiento”.

    La aprensión del legislador es compartida por varios miembros del Senado, que preside Adriana Muñoz (PPD). Desde la corporación han advertido que no habría condiciones materiales para el buen desarrollo de la convención en el ex Congreso y que, asimismo, no contaría con las condiciones sanitarias para operar en caso de que la pandemia se mantenga.

    “No hemos vuelto a retomar esas conversaciones”, agrega Quinteros, a la vez que explica que como esta es una decisión inédita y no está reglamentado cómo se debe tomar, probablemente la mesa haga una propuesta a la Comisión de Régimen Interior para zanjar el asunto.

    En la Cámara, en cambio, la mesa liderada por Diego Paulsen (RN) se ha mostrado disponible. Y en esa corporación dicen que durante la pandemia quedó en evidencia que el Congreso puede funcionar sin mayores dificultades, prescindiendo de las instalaciones de Santiago, edificio que se ha mantenido cerrado desde fines de marzo.

    Las mismas fuentes señalan que existiría un principio de acuerdo para que, si las condiciones sanitarias lo ameritan, las comisiones puedan sesionar vía telemática el próximo año, lo que descomprimiría la necesidad de utilizar el edificio de la capital. “Para el Parlamento sería fantástico que se utilizaran las instalaciones del ex Congreso”, sostuvo el vicepresidente de esa corporación, Francisco Undurraga (Evópoli).

    Dudas sobre financiamiento

    Hasta ahora, desde Hacienda aún no oficializan de dónde se sacarán ni cuántos serán los recursos que se destinarán en el Presupuesto 2021 para el funcionamiento de la convención constitucional.

    En medio de las trabas que ha enfrentado el Ejecutivo en la partida de Tesoro Público, de hecho, en el gobierno reconocen que el tema se ha terminado dilatando. Pese a eso, en La Moneda se evalúan varias fórmulas de financiamiento: entre ellas, la posibilidad de que se haga a partir de fuente mixta, es decir, vía glosa Segpres y el resto imputable al Tesoro Público. Otra posibilidad es que se cargue a una de esas partidas. Lo que sí está claro es que el monto será aproximadamente entre $ 8 mil y $ 10 mil millones, lo que va en línea con distintas estimaciones realizadas por la Cámara y la Segpres. Nota escrita por las periodistas Isabel Caro y Paula Catena en La Tercera.